La Cumbre Social Estatal se suma a las reivindicaciones del 28 de abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo

En el vigésimo aniversario de la publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra el 28 de abril, la Cumbre Social Estatal se suma a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales.

La aprobación de la LPRL, la puesta en marcha de políticas activas y la financiación de proyectos preventivos lograron una manifiesta reducción de accidentes de trabajo. Sin embargo, el abandono de la actividad preventiva por parte de las empresas y su sustitución por un cumplimiento meramente formal de la normativa, junto a los recortes aplicados por el Gobierno durante los años de crisis frenaron, en un primer momento, el descenso de la siniestralidad y provocaron el repunte de los accidentes de trabajo que sufrimos en la actualidad, un claro indicio del deterioro de los sistemas preventivos.
 
La precariedad, el miedo a perder el puesto de trabajo y la individualización de las relaciones laborales dificultan el ejercicio efectivo de derechos. Las reformas laborales son incompatibles con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y con el resto de normativas en materia de prevención.
 
Las enfermedades de origen laboral son la gran asignatura pendiente. Lo que no se registra ni existe ni se previene. El cáncer profesional, la silicosis, los trastornos musculoesquéleticos y las enfermedades de origen psicosocial requieren que las empresas evalúen y prevengan los riesgos capaces de provocarlas, y de un esfuerzo de las Administraciones para acabar con su subregistro y con los daños a la salud que causan.
 
La vigilancia de la salud es un derecho de las trabajadoras y trabajadores, y es una herramienta indispensable para prevenir los riesgos a los que están expuestos. Sin embargo, asistimos a un intento de convertirla en una herramienta disciplinaria y de ajuste de plantillas. Para preservar el derecho constitucional a la salud se debe garantizar la independencia de los profesionales sanitarios, la confidencialidad de los datos y la voluntariedad, salvo en aquellos casos regulados por una norma específica.
 
Es imprescindible poner en valor y dotar con suficientes medios, económicos y humanos, al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, al Instituto Social de la Marina, al Instituto Nacional de Silicosis, a la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo y a los órganos técnicos de las comunidades autónomas para favorecer el conocimiento a través de su labor investigadora.
 
Se deben revertir las últimas modificaciones legales del sistema de mutuas subrayando su carácter público, intensificando el control de la Seguridad Social mejorando la participación de la representación de los trabajadores en su elección, y remarcando que sus objetivos prioritarios son la prevención de riesgos laborales y la reparación de los daños ocasionados por el trabajo, frente al control de los costes económicos y la mejora de la competitividad de las empresas.
 
Los recortes atentan contra la Democracia y la Salud en el Trabajo. Por todo ello, la Cumbre Social se suma a las reivindicaciones sindicales del 28 de abril.