La recuperación económica no puede hacerse a expensas de la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Según los datos provisionales facilitados por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante los 6 primeros meses del año 38 personas han muerto en la Comunidad de Madrid en accidentes laborales, un 52% más que en 2017. Además se han producido un total de 48.262 accidentes laborales, de los que 218 han sido graves, que suponen un aumento del 6 y del 4,3% respectivamente.

El aumento de los accidentes mortales se ha producido tanto en jornada laboral como “in itínere” y en todos los sectores de actividad.

Para CCOO de Madrid es preocupante que estos datos no son aislados sino que se están convirtiendo en una tendencia, así los índices de incidencia acumulados muestran igualmente un aumento de un 9,2% en accidentes graves y de un 22,8% en mortales (en diciembre el índice de incidencia acumulado de accidentes graves era de 10,96 por cada 100.000 trabajadores y el de mortales de 1,49; en junio estas cifras se sitúan en 11,97 y 1,83).

El aumento de la siniestralidad es un claro indicador de que las condiciones de trabajo en las empresas madrileñas continúan empeorando y que son un reflejo directo de los efectos de la reforma laboral sobre los derechos fundamentales de la población trabajadora. Detrás de estos accidentes y estas muertes está la precariedad, la intensificación de los ritmos y las cargas de trabajo, la desregulación de las relaciones laborales, pero también las conductas irresponsables de algunos empresarios.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmen Mancheño, considera que “en un momento de crecimiento económico, como el actual, no es tolerable que la salud y la vida de las y los trabajadores se ponga en peligro, y por ello, reclama a los empresarios que corrijan sus prácticas, cumplan las leyes y suman su responsabilidad y su deber de protección, siendo urgente la necesidad de invertir en prevención de riesgos laborales”.

Es necesario que desde las administraciones se extremen las medidas de control y se refuercen los instrumentos necesarios para este control como la Inspección de Trabajo, el Instituto Regional de Seguridad y Salud y la Fiscalía de siniestralidad de Madrid y también que la sociedad tome conciencia de esta realidad y que las muertes en el trabajo dejen de ser silenciosas, porque detrás hay dramas personales, familiares y sociales.