Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el año 1996 la mayoría de las políticas preventivas efectuadas por las empresas y la administración han estado encaminadas, prioritariamente, a reducir los accidentes de trabajo, quedando las enfermedades profesionales en un segundo plano. Sin embargo, esta es una realidad que se viene ocultando pues son muchas las enfermedades de origen laboral que son tratadas como enfermedades comunes, causando un grave perjuicio al trabajador o trabajadora, tanto económico como asistencial, al tiempo que impide la planificación de estrategias preventivas y asistenciales necesarias para minimizar los daños del trabajo sobre la salud y, con ello, prevenir enfermedades profesionales.