Con motivo del 28 de Abril, Día internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, CCOO y UGT queremos poner de manifiesto el derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras a tomar el control sobre nuestras condiciones laborales y a exigir un trabajo sin riesgos.
Durante 2018 la siniestralidad laboral siguió incrementándose. Se registraron más de 1,3 millones de accidentes laborales, 152 cada hora. También lo hizo la cara más trágica de esta realidad, los accidentes mortales, 652 personas trabajadoras murieron a consecuencia de un accidente de trabajo.
TRABAJAR, NO DEBE NI PUEDE SUPONER UN RIESGO PARA TU SEGURIDAD Y SALUD
El mercado de trabajo se ha precarizado durante los años de crisis, precarización que sigue instalada estructuralmente en la actualidad. La reforma laboral de 2012 reforzó el poder unilateral de los empresarios, dotándoles de herramientas para hacer prevalecer sus intereses sobre los de la clase trabajadora, aumentar sus beneficios empresariales a costa de empeorar las condiciones laborales, menoscabando así la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras.
La inseguridad laboral asociada a las relaciones laborales temporales y parciales no deseadas que monopolizan las nuevas contrataciones, así como los ínfimos salarios
que perciben están obligando a los trabajadores y trabajadoras a elegir entre salario o salud, entre derechos o empleo. La precariedad laboral ha hecho que aumente el número de trabajadores pobres, que se ven obligados a aceptar trabajos en condiciones inseguras y que ponen en serio riesgo su salud.
Existe un enorme subregistro de las enfermedades de origen laboral. Este hecho es preocupante, porque lo que no se registra no se previene y lo que no se previene termina dañando la salud de las personas trabajadoras.
La exposición continuada en los centros de trabajo a sustancias peligrosas o a cargas de trabajo físicas o mentales excesivas provocan enfermedades que invalidan, producen sufrimiento y en numerosas ocasiones hasta la muerte.
El cáncer de origen laboral continúa siendo una asignatura pendiente de las políticas de salud laboral. En España sólo se declara entre el 0,1 y el 0,2% de los cánceres laborales estimados. En 2018 sólo se declararon 28 enfermedades profesionales relacionadas con agentes carcinógenos (más de la mitad estuvieron
relacionadas con el amianto). Si se reconocieran todos los casos que se producen, el cáncer sería la primera causa de
mortalidad profesional en España.