Este miércoles se convocó por el Comité de Empresa de Metro de Madrid una concentración en las puertas del Congreso de los Diputados, para exigir a los grupos parlamentarios, mediante un escrito, que de una vez por todas se cree a nivel estatal un fondo de indemnizaciones para los enfermos por amianto o en su caso para los familiares de los fallecidos, y se posibilite unas jubilaciones anticipadas para los trabajadores y trabajadoras que durante su vida laboral han estado manipulando o expuestos a este elemento cancerígeno.
Cada día que pasa son más los afectados y fallecidos en el Metro de Madrid por este motivo, y es muy duro comprobar cómo se están viendo afectados, agravándose cada día que pasa su enfermedad por la exposición y manipulación del amianto.
Es constante la aparición de nuevos casos de trabajadores, o ex trabajadores ya jubilados de Metro de Madrid afectados por graves enfermedades producidas por fibras de AMIANTO, y con cada uno de ellos se hace más evidente que su causa es la manipulación de este material, o su exposición a él, durante el desempeño de su trabajo en Metro de Madrid a lo largo de su vida laboral.
Desde el primer caso del compañero Julián Martin, que fue el primero al que se le reconoció la enfermedad profesional en mayo del año 2017, y tras él a los compañeros Santos y Antonio, en abril de 2018, por desgracia y que se conozca han sido 10 fallecidos, y hay otros 9 trabajadores ya jubilados, que se conozca en la actualidad, a los que el INSS les reconoce la enfermedad profesional. La Dirección de Metro de Madrid, por su parte, para retrasar los procesos judiciales, está denunciando a la propia Seguridad Social. Además otros muchos trabajadores principalmente jubilados, a falta de pruebas médicas, es muy probable que también se vean afectado por diversas patologías debido a la exposición o manipulación del amianto en su puesto de trabajo.
Frente a esa clara realidad, la Dirección de Metro de Madrid se resiste a reconocer su responsabilidad en estas situaciones, y aplica una estrategia judicial basada en dilatar o entorpecer cualquier resolución o veredicto que la señale en ese sentido. Solo así puede entenderse que siga recurriendo y denunciando al trabajador afectado, y al propio INSS por haber reconocido estas enfermedades profesionales, así como los recargos de las prestaciones a los cuales tiene derecho estos trabajadores afectados, o en su caso los familiares de los fallecidos.
Esta política de la Dirección de Metro puede entenderse desde el prisma puramente empresarial, pero tiene unas graves consecuencias, como es la de incrementar el sufrimiento de estos compañeros y sus familias, al empujarles a una batalla judicial en medio de una situación ya dramática de por sí.
En la actualidad, desde que falleció nuestro primer compañero Antonio Moran, el 24 de mayo de 2018, son todavía muchos los elementos y piezas que se están encontrando en las instalaciones, depósitos y trenes. Ya en el año 2018 se publicaran más de 33 circulares, dando cuenta de ello, por parte de la Dirección de Metro. En el año 2019 se publicaron 35, en 2020 fueron 44, y en lo que va de año 2021, ya se han publicado más de 34 circulares, informando a los trabajadores y trabajadoras de en qué Instalaciones o trenes se está encontrando amianto en nuestra empresa. En total aproximadamente unas 150 circulares de nuevos lugares donde existe este material cancerígeno.
Es muy preocupante que debido a esta situación podría ser posible que existan compañeros y compañeras que actualmente pudieran estar manipulando amianto sin que ni siquiera lo sepan.
La instrucción de diligencias previas que está llevando a cabo el Juzgado nº 23, que investiga de momento solo a siete responsables y ex responsables de Metro de Madrid, con competencias en los servicios de salud y de mantenimiento de trenes, sobre el posible delito contra la salud de los trabajadores y trabajadoras, va avanzando lentamente y se viene observando la misma actitud poco colaboradora de la Dirección de la empresa.
Desde el Comité de Empresa se espera que este procedimiento, sumado a las conclusiones de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid que lo impulsó, sirva para depurar todas las responsabilidades en los altos niveles políticos y de Dirección que gestionaron Metro de Madrid durante tantos años, antes de que todo se conociese y se hiciese público.
Los sindicatos siguen con las movilizaciones para exigir que se haga justicia, y se reconozca definitivamente el delito continuado contra la salud de los trabajadores y trabajadoras, que ha venido sufriendo durante muchos años una gran parte de la plantilla, y para que la Dirección Política y de Metro de Madrid admita su pasada responsabilidad en esta situación y así deje de frenar el reconocimiento del riesgo al que estuvieron sometidos muchos colectivos de trabajadores. Esa es la base para poder adoptar medidas de prevención y establecer medidas de compensación a los trabajadores y trabajadoras afectados, y en su caso a los familiares.
También exigen que se reconozca la póliza de seguro de vida que hay pactada y firmada en el Convenio Colectivo, que lleva años sin que esta sea abonada a los compañeros y compañeras que por desgracia están falleciendo, o en su caso a sus familiares, además de incluir e incorporar al registro de la salud de todos los trabajadores y trabajadoras que posiblemente se vayan descubriendo por haber estado o estar actualmente expuestos al amianto.